Chile cuenta con una alta penetración de servicios de banda ancha móvil, situación que permite que los distintos sectores de la economía aprovechen la tecnología para potenciar su productividad. En base a esto, es necesario que las autoridades generen en la industria las condiciones necesarias para invertir en el despliegue de 5G. Así lo describe el estudio Temas en Regulación de Telecomunicaciones: Chile, publicado por 5G Americas y que forma parte de la Serie de Estudios de Mercados en América Latina.
Según los analistas de la entidad, el crecimiento de 5G está ligado al acceso por parte de los operadores a suficiente espectro radioeléctrico en frecuencias bajas, medias y altas. Es por esta razón que se precisa de una hoja de ruta sobre las frecuencias que estarán siendo asignadas a los prestadores de servicio móvil durante los próximos años, sobre todo en un mercado como Chile que, históricamente, ha sido uno de los líderes en innovación tecnológica en América Latina.
Según datos de la consultora Ovum, el mercado móvil de Chile totalizará 31,6 millones de líneas totales para el final de 2022. Los accesos de banda ancha móvil llegarán a 31,3 millones, es decir el 99% de las líneas totales del mercado.
Por otra parte, las normas destinadas al despliegue de infraestructura son también necesarias para la llegada de la 5G. Uno de los puntos importantes de la normativa, es que el plazo para la emisión de cualquiera de las licencias necesarias no podrá ser superior a sesenta días, contados de la fecha de presentación del requerimiento. En este marco, si bien 4G y 5G son heterogéneas, es necesario que existan estaciones “macro”, pero también un tejido de small cells para garantizar disponibilidad del servicio y atención a más tipos de conexión.
Infraestructura
el informe destaca como otro de los puntos importantes es el despliegue de infraestructura, tanto en lo que respecta a fibra óptica como antenas de servicios móviles, que serán indispensables para que 5G funcione adecuadamente.
Recordemos que Chile cuenta con normas destinadas al despliegue de infraestructura, como la Ley 20.599 —denominada ley de Torres—, que regula para los servicios de Telecomunicaciones, la instalación de antenas emisoras y transmisoras.
Ell estudio también analiza las normas para implementar bloqueadores de señal, el uso del servicio universal y la creación de sistemas de alertas tempranas. Todas estas temáticas se ponen en perspectiva de las facilidades que la banda ancha móvil presenta para ayudar al mercado a ingresar en la economía digital.
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